A 3 meses del cierre de frontera este es el resultado: 7 mil 400 empresas a punto de colapsar

A 3 meses del cierre de frontera este es el resultado: 7 mil 400 empresas a punto de colapsar
A 3 meses del cierre de frontera este es el resultado: 7 mil 400 empresas a punto de colapsar
Al cumplirse 90 días del cierre de frontera, este pasado 19 de noviembre, e igual tiempo del decreto de estado de excepción este 21 de noviembre, el resultado más resaltante es un colapso económico para más de 7 mil 400 empresas, tanto industrias como comercios, que laboran en el eje fronterizo de San Antonio y Ureña del estado Táchira.
Para el parlamentario tachirense Walter Márquez el cierre de frontera además de haber sido ilegal y arbitrario, “porque el Presidente lo ordenó verbalmente sin haber cumplido con el debido proceso constitucional de acordarlo en consejo de ministros, trajo como consecuencia la deportación de más de mil 500 colombianos, la destrucción de más de 200 viviendas en el sector La Invasión de San Antonio del Táchira, cometiendo crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma y  pérdidas incalculables en pesos y bolívares, pero continúa el desabastecimiento y la inseguridad en el frontera colombo venezolana y en el resto del país”.
Igualmente destacó Walter Márquez que “a pesar de haber cerrado las casas de cambio en San Antonio y Ureña, y no poder pasar a Colombia para adquirir pesos o dólares, continúa la escalada de la moneda norteamericana, pues al inicio del cierre de frontera el dólar alternativo estaba en 675 bolívares, tres meses después está en 875, es decir que ha subido 200 bolívares, con lo cual se demuestra un rotundo fracaso del cierre fronterizo”.
A nivel económico la situación es realmente dramática. Algunos estudiosos consideran que más del 50 % de las empresas instaladas en San Antonio y Ureña van a cerrar antes del 31 de diciembre, por lo que la única manera de abrir la frontera, frente a la dictadura y la tiranía, es con el voto, porque al ser mayoría de legisladores demócratas en la Asamblea Nacional, el parlamento tiene la potestad de revocar el decreto de estado de excepción del presidente Maduro. Vamos a abrir con los votos la frontera, manifestó enfáticamente Walter Márquez.
Insistió el parlamentario en que se debe hacer un gran esfuerzo para que se abra y se reactive la frontera “porque estamos a punto de un colapso económico, una bancarrota, porque el gobierno de Nicolás Maduro que tanto critica el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Cuba, en la práctica, a pesar de tener orígenes colombianos, decretó un férreo bloqueo económico contra Colombia”.
A los 3 meses de haber cerrado la frontera y decretado el estado de excepción, considera que se ha incrementado la inseguridad y especialmente la corrupción, “porque antes había un tráfico de mercancías, ahora hay un tráfico de personas a quienes le cobran a los que tienen suprema necesidad y requieren viajar entre Colombia y Venezuela, además de someterlos a tratos degradantes, lo cual constituye una grave violación a los derechos humanos que se suman a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona fronteriza, los cuales deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional y por los tribunales nacionales”.
Con la violación al libre tránsito en la frontera, explicó, el estado ha sometido a un extrañamiento o destierro a más de 100 mil venezolanos o colombianos con cédula venezolana, es decir con doble nacionalidad, que viven en el Norte de Santander. De manera indirecta hay más de 30 millones de venezolanos que están sometidos a la pena de confinamiento porque no pueden salir por vía de Colombia, y hay más de 40 millones de colombianos que no pueden ingresar a Venezuela; pero en forma directa están afectando con la pena de confinamiento o  destierro aproximadamente a 3 millones de personas, 2 millones que habitan en el Norte de Santander y 1 millón en el Táchira, porque se les prohíbe transitar libremente personas y bienes entre los dos países”.

Señala el parlamentario que todo funcionario público que impida el libre tránsito de personas y sus bienes debe ser enjuiciado, ahora o en un futuro, por crímenes de lesa humanidad, comenzando por el presidente Nicolás maduro, el alto mando militar  y el gobernador Vielma Mora como ejecutor del decreto de estado de excepción.


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